"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
0,7 por ciento IRPF social, un modelo en peligro
26/02/2016
Blanca Abella
El sector social y cívico de la discapacidad, junto con otras entidades que conforman el Tercer Sector, la voz de la sociedad civil, se ha movilizado para salvar el modelo de gestión del 0,7 por ciento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de interés social, amenazado por varios pronunciamientos judiciales que ignoran su decisivo impacto en el mantenimiento de los niveles de inclusión, bienestar y equidad de los grupos de población más vulnerables. El CERMI espera que el nuevo Parlamento busque una solución legal que permita la continuidad de este dispositivo de solidaridad, un modelo que se ha revelado muy útil en sus casi tres décadas de existencia.
Ante el peligro de desaparición de este mecanismo de redistribución social de parte de los ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía, el movimiento de la discapacidad articulado en torno al CERMI ha planteado una estrategia de incidencia política en los planos estatal, autonómico y local para que el nuevo Parlamento busque una solución legal que permita la continuidad de este dispositivo de solidaridad.
La incertidumbre surge tras los recientes pronunciamientos judiciales sobre el modelo de gestión del IRPF de interés social, de ahí que la sociedad civil solicita a los responsables políticos la generación de un marco legal estable que garantice un nivel mínimo de cohesión, equidad y equilibrio social en todo el Estado.
"El IRPF, durante casi 30 años, ha sido capaz de generar procesos de fortalecimiento del tejido asociativo y solidario potenciando la gestión del conocimiento, transferencia de las buenas prácticas y la generación de respuestas de innovación social"
El fin de este modelo de subvención supondrá una mayor dificultad a la hora de desarrollar estrategias nacionales sobre problemas globales y comunes a todos los territorios. A juicio del CERMI, el modelo de IRPF para fines de interés social se ha revelado muy útil en sus casi tres décadas de existencia, por lo que su supresión por cuestiones de formalismo competencial supondría una pérdida irreparable sin beneficio para nadie, y con grave perjuicio para los sectores sociales más expuestos a la exclusión. A juicio de Enrique Galván, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social del CERMI y director gerente de Plena Inclusión, "El IRPF, durante casi 30 años ha sido capaz de generar procesos de fortalecimiento del tejido asociativo y solidario potenciando la gestión del conocimiento, transferencia de las buenas prácticas y la generación de respuestas de innovación social".
Además, las circunstancias no favorecen nada esta situación, que se produce en un momento difícil para el sector, tras los años de crisis y el agotamiento que ha producido entre las entidades sociales, tal y como expresa Galván: "En un contexto de recortes y creciente aumento de desigualdades la desaparición del IRPF sería un verdadero derrumbe del principal dique a nivel estatal para el apoyo a las personas más vulnerables. Al desaparecer esta herramienta de equidad dejaría a millones de personas en España, entendidas una a una y en su realidad histórica, desprovistas de apoyos que ofrecen oportunidades para el ejercicio de sus derechos en comunidad".
Orígenes
La Ley 33/1987 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 19885, en su Disposición adicional quinta, reguló, por vez primera, la posibilidad de destinar un porcentaje del rendimiento del IRPF a “otros fines de interés social”, que se fijó inicialmente en el 0,5239 por 100. Esta ley autoriza al Gobierno a dictar las normas de desarrollo y aplicación y, en consecuencia, el Gobierno formula sucesivas regulaciones mediante los oportunos reales decretos.
La primera convocatoria de subvenciones fue la de 1989 y, desde entonces, de forma ininterrumpida, el IRPF constituye un elemento más de la política social del Estado y su objetivo último siempre ha sido apoyar acciones dirigidas a luchar contra la exclusión social y a fomentar la igualdad.
Pasado el tiempo y llegando a la actualidad, se han sucedido una serie de cambios que finalmente han servido para consolidar el sistema y fortalecer el tejido asociativo de este país, la sociedad civil, en definitiva. Pero entre esos cambios también se encuentran algunas amenazas que todavía hoy pueden suponer un final trágico para muchas entidades sociales y para millones de beneficiarios.
"Este sistema ha acabado convirtiéndose probablemente en la fuente de financiación de proyectos sociales más importante del país; no es mucho dinero, pero es la más importante a pesar de eso, ya que ha tenido un papel transformador y se ha convertido en un elemento de gran trascendencia"
La regulación de estas subvenciones ha tenido como fruto un sistema de financiación del Tercer Sector de Acción Social español que ha sido fundamental en la consecución de la igualdad de todos los españoles, la solidaridad interterritorial y su capacidad de dar nuevas respuestas a las nuevas necesidades sociales. Según explica Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, "este sistema comenzó de manera discreta, sin que pareciese gran cosa, y ha acabado convirtiéndose probablemente en la fuente de financiación de proyectos sociales más importante del país; no es mucho dinero, pero es la más importante a pesar de eso ya que ha tenido un papel transformador y se ha convertido en un elemento de gran trascendencia". Para Enrique Galván, también resulta un sistema ya imprescindible: "Su importancia responde al impacto directo en personas, ya que según la Plataforma del Tercer Sector, alcanza a unas 6 millones a través de 1000 proyectos, frecuentemente en los lugares más empobrecidos o excluyentes".
Problemas jurídicos
Desde 1992 el tribunal constitucional se ha ido cerrando en banda hasta el punto de dictar en los últimos cinco o seis años no menos de una docena de sentencias. En definitiva, tal y como explica De Lorenzo: "La asistencia social según el Tribunal es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por tanto el Estado puede dedicar fondos a la asistencia social estableciendo algunas grandes líneas generales pero la ejecución y gestión de esos fondos es competencia autonómica".
La Plataforma del Tercer Sector se ha manifestado abiertamente en favor de mantener la gestión estatal de los fondos y ha mantenido un diálogo constante con la Administración General del Estado hasta lograr incluso, en 2013, reformular jurídicamente la gestión de la asignación tributaria para fines sociales. Dicha reforma legal buscaba dos objetivos, uno de ellos era mantener y respaldar la competencia del Estado para su gestión, y otro fijar unos ejes prioritarios de actuación en los que se encuadraran los programas financiados con la asignación.
Pero la Generalitat ha insistido en su lucha y finalmente ha interpuesto más recursos cuestionando la centralización de las subvenciones en el Estado, esta vez ante el Tribunal Supremo. En el caso de las subvenciones de régimen general, destinadas a servir de fomento y soporte al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, el Supremo falló a favor de la Generalitat. Suponía una partida presupuestaria de aproximadamente 10,5 millones de euros y su invalidación afectaba directamente a las entidades que colaboran con la Administración General del Estado, de ámbito estatal y que actúan bajo principios de solidaridad interterritorial, y que agrupan a nada menos que 19.000 entidades en toda la geografía española. Es una decisión que afecta, en definitiva, a más del 60 por ciento del sector.
Ante este fallo, las gestiones del Gobierno y el Tercer Sector fueron inmediatas y lograron salvar dichas subvenciones con soluciones prácticas para los años 2015 y 2016. Supone un arreglo transitorio que todavía no soluciona la cuestión de fondo.
Pero la Generalitat también interpuso recurso al Tribunal Supremo contra el Real Decreto que se refiere a las distribución general del 0,7 por ciento del IRPF dedicado a fines sociales, lo que conocemos como la X solidaria. Esta sentencia del Supremo está pendiente aunque se espera sea publicada en pocos días.
Razones de peso
Así pues, el sector se encuentra "en grave peligro" tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo en contra de las subvenciones de régimen general 2015 y ante la sentencia futura en relación a la distribución de fondos de IRPF para fines sociales.
"¿Cómo vamos a dejar al Estado sin ninguna herramienta de política social, si hasta los Estados más federales como Alemania lo tienen? ¿Es posible que para buscar elementos de equidad, redistribución, solidaridad, el Estado esté atado de pies y manos, no pueda hacer nada?"
La raíz del problema es que esta gestión de fondos es una competencia autonómica, según la Constitución, y según explica Rafael de Lorenzo, desde el punto de vista jurídico hay poco margen de maniobra, pero existen otros argumentos de peso, contundentes: "¿Cómo vas a lograr una equidad territorial si repartes los fondos a las comunidades autónomas sin contar con una visión global, de conjunto del Estado? Si haces eso, te cargas toda la red de organizaciones de ámbito estatal, todo el tercer sector de ámbito estatal. ¿Cómo puede funcionar una Cruz Roja que recibe el 0,7 del IRPF en las 17 comunidades autónomas? Cada una abordaría un proyecto distinto, pero como organización estatal, ¿cómo planifica, dirige, coordina o supervisa eso? Es imposible, cada comunidad autónoma haría una convocatoria distinta con bases diferentes. ¿Cómo vamos a dejar al Estado sin ninguna herramienta de política social, si hasta los Estados más federales como Alemania lo tienen? ¿Es posible que para buscar elementos de equidad, redistribución, solidaridad, el Estado esté atado de pies y manos, no pueda hacer nada?".
Se trata de una cuestión política de primer orden, según las conclusiones del representante de la Plataforma del Tercer Sector: "No es un enfoque moderno, un Estado no puede carecer de una herramienta transversal de política social, no te puedes cargar el tejido asociativo de ámbito estatal, no puedes arriesgarte a que el dinero del 0,7 del IRPF se aplique en unos sitios o comunidades autónomas y en otras no, porque según la ley de financiación de las comunidades autónomas, el Estado transfiere los recursos a la comunidad autónoma pero no son recursos finalistas, una vez que el dinero entra en la caja de la comunidad autónoma, ésta puede hacer lo que quiera, incluso no dedicarlos a ese fin".
"Las malas experiencias con créditos estatales gestionados por las comunidades autónomas hacen normal cierta desconfianza del sector de que estos recursos en algún caso se diluyan en gasto público indeterminado"
En este mismo sentido se manifiesta Enrique Galván, quien asegura: "Las malas experiencias con créditos estatales gestionados por las comunidades autónomas hacen normal cierta desconfianza del sector de que estos recursos en algún caso se diluyan en gasto público indeterminado. Por tanto cualquier salida territorializada necesita de un enfoque global y garantista a nivel estatal. En un marco de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, el Horizonte Europeo 2020 España necesita estrategias nacionales concertadas y mantenidas desde la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas".
La amenaza que supone la posible extinción de estas subvenciones desde su gestión estatal se interpreta incluso como el comienzo del fin, algunas de las principales voces del Tercer Sector se han manifestado en contra de la posible gestión autonómica, que rompería a su juicio el equilibrio interterritorial. Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector defiende “un sistema que ha funcionado muy bien durante muchos años, y que se conjuga con un principio constitucional de que todo español tiene los mismos derechos independientemente del lugar en el que resida”.
Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI afirma que no podemos “dejar desatendidas a seis millones de personas” que se benefician directamente de los proyectos sociales financiados con estos fondos. El Estado “no puede prescindir de una herramienta de carácter transversal, de homogeneización y de solidaridad interterritorial como es el actual sistema de IRPF”, ya que se trata “de defender a los ciudadanos en situación de necesidad”.
Sebastián Mora, vicepresidente para la cohesión y participación de la Plataforma del Tercer Sector, remarcó recientemente "el amplio consenso que existe en el sector" con respecto a al actual sistema de distribución, "que aunque tenga aspectos mejorables, ha representado durante 26 años estructuralmente un sistema de apoyo y coherencia del Tercer Sector y las personas atendidas por él".
"La recaudación del 0,7% de IRPF que se destina a fines sociales presta servicio a más de 6 millones de personas, cubre las actividades de 430 entidades y de ella dependen directamente 30.000 empleos"
Y según Rafael de Lorenzo, "En el reparto nunca ha habido problemas, porque se ha pactado con las comunidades autónomas. El Gobierno central una vez que tenía los proyectos estudiados y valorados, hablaba con cada comunidad autónoma y nunca ha habido conflictos ni con el sector ni con las comunidades autónomas. No se trata de devolver a cada comunidad lo que ésta había aportado vía impuesto, siempre ha habido un criterio basado en las necesidades objetivas de cada territorio, no son iguales las necesidades de Extremadura o Castilla y León, que las de Cataluña o Valencia. No habría nunca equilibrio interterritorial. La equidad territorial consiste en dar más recursos a las comunidades que necesitan más y generan menos".
Alternativas en estudio
Sin embargo, cabe preguntarse si el Estado no tiene ninguna competencia, ninguna capacidad para poder actuar en el ámbito de la solidaridad. Ante esto, la respuesta del Tribunal Constitucional es negativa y puesto que la Constitución no define qué es la "asistencia social", el Tribunal Constitucional la ha definido atendiendo a algunos instrumentos internacionales como la Carta Social Europea, y la viene considerando de forma invariable como un mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas sentidas por grupos de población a los que no alcanza el sistema de Seguridad Social.
Basándose en esta definición, el Tercer Sector se puso a trabajar y en el pasado mes de junio presentaron al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un proyecto con otra fundamentación constitucional para salirse de raíz del problema. Había que salir de la asistencia social. Y así lo hicieron, tal y como relata Rafael de Lorenzo: "pusimos en la mesa del Gobierno un proyecto de Real Decreto Ley, por razones de urgencia pues la legislatura estaba a punto de acabar, donde creábamos un tipo de prestaciones que se llamaba ‘prestación no contributiva de solidaridad social’ que colgaba dentro del sistema de seguridad social. Si nuestro problema era que la Constitución dice que asistencia social es competencia autonómica y asistencia social es todo menos lo que esté dentro de la seguridad social, entonces teníamos que ir a un paraguas constitucional, que es la seguridad social, que en el artículo 149 dice que es competencia exclusiva del Estado. Si consigo organizar un sistema de ayudas o prestaciones para estados de necesidad de colectivos vulnerables dentro de la seguridad social, me he salido del problema constitucional".
"Han dejado que el tema se muera y el tercer sector se va a morir de inanición"
El proyecto fue bien recibido por el Ministerio de Empleo y por Servicios Sociales, pero finalmente no se hizo nada ante la inminencia de las elecciones y la falta de decisión del Gobierno. "Han dejado que el tema se muera y el tercer sector se va a morir de inanición", porque según asegura De Lorenzo, si un tema como este se cae un año, tras la posible sentencia contraria del Supremo, luego levantarlo es casi imposible.
Sin embargo, asegura: "intentaremos buscar soluciones porque de esto dependen entre cinco y seis millones de personas que reciben prestaciones a cargo de ese 0,7 y esta red de protección social de último grado que suponen las ONG sobre las políticas públicas; si esto se cae, tal y como está el país, aumentará la inestabilidad social y el descontento".
Las entidades que conforman esta Plataforma del Tercer Sector respaldan la acción iniciada por el CERMI y muchas de ellas han manifestado ya este apoyo en este boletín, como son Plena Inclusión, Fedace, CNSE, Fiapas, Confederación Aspace, Salud Mental España, Predif... Las palabras de Enrique Galván resumen este sentir en todo el sector afectado: "La Plataforma del Tercer Sector, el CERMI y las organizaciones que lo formamos estamos actuando de forma coordinada y trabajando intensamente con los partidos políticos y grupos parlamentarios para ofrecer propuestas positivas, viables e integradoras donde incorporar los ámbitos local, autonómico y estatal en una acción que debe centrarse en las personas y no en los conflictos, sean partidistas o competenciales".
(Bibliografía consultada: “El 0,7 IRPF: un instrumento de financiación del Tercer Sector”, por Salomé Adroher Biosca y Rafael de Lorenzo García)
